El pasado 16 de diciembre, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para acelerar la discusión de la reforma al sistema de salud. No obstante, sólo consiguió la aprobación de 23 de los 139 artículos que componen el proyecto. Además, la decisión de aplazar el debate para 2025 intensificó las diferencias entre el gobierno y la oposición, mientras que analistas políticos cuestionan la viabilidad de la iniciativa en el mediano plazo.
Este proyecto legislativo, considerado una de las iniciativas más ambiciosas de la administración del presidente Gustavo Petro, busca reconfigurar el sistema de salud del país. El gobierno ha defendido la reforma como un paso necesario para garantizar la universalidad y equidad en el acceso a servicios de salud. Pero su discusión en el Congreso ha enfrentado obstáculos significativos. La oposición y algunos sectores independientes han señalado la falta de consenso en torno a la propuesta y han cuestionado la viabilidad de ciertos artículos. Además, las sociedades científicas han criticado el tratamiento de la reforma en sesiones extraordinarias, dando oportunidad de un análisis legislativo relativamente corto. Argumentan que la falta de un debate profundo podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. En este sentido, enfatizan la necesidad de evaluar con rigurosidad las implicaciones técnicas y financieras de los cambios propuestos.
Varios episodios de conflicto marcaron la jornada legislativa. Uno de los casos más relevantes fue la suspensión de la congresista Katherine Miranda por parte de la mesa directiva debido a presuntas irregularidades en su intervención, incidente que agregó tensión al ya polarizado ambiente político.
La reforma a la salud continúa siendo de alta prioridad y motivo de tensión en la agenda política colombiana. El gobierno insistirá en su urgencia y dependerá de la construcción de mayores consensos entre las distintas fuerzas políticas y sociales.
