Ecuador vive un proceso alarmante de consolidación de un narco-Estado por la penetración del narcotráfico en instituciones públicas clave, el aumento de la violencia, el asentamiento de economías criminales y la normalización de sus dinámicas delictivas.

El reciente operativo “Gran Fénix 52 Gibraltar” desmanteló una red de narcotráfico que involucraba a altos rangos de las fuerzas del orden, como Julio César Miño, ex jefe de la Policía Judicial de Guayas, y Galo Manuel Litardo García, capitán de la Armada. Ambos fueron detenidos por liderar el envío de casi ocho toneladas de cocaína hacia Europa. El narcotráfico ecuatoriano también ha expandido el tráfico de ketamina, un cambio que muestra la adaptabilidad de las redes criminales y su control de rutas estratégicas en el país.

El incremento de los asesinatos es otro síntoma de esta crisis. En Guayaquil, sicarios asesinaron a siete personas en una casa, mientras que Quevedo vive una escalada de secuestros, incluyendo el reciente caso de un sacerdote. La violencia y las redes criminales se han vuelto parte de la normalidad en muchas comunidades. En la localidad de Durán, el 7% de la población pertenece a bandas criminales. Los adolescentes no sólo son reclutados por la fuerza, ahora se postulan voluntariamente, atraídos por el poder, el estatus y los beneficios económicos que ofrecen las bandas.

En este contexto, Noboa insiste en una respuesta securitista que enfrenta resistencias sociales. Tras movilizaciones de protesta que duraron dos semanas, el gobierno decidió retirar el proyecto de una mega cárcel en Archidona y se prepara para trasladar el mismo plan a la provincia costera de Salinas. La comunidad y los concejales locales ya expresaron su descontento con el proyecto, anticipando un nuevo foco de conflicto.