Una investigación detalló el alarmante vínculo entre el presidente Santiago Peña y el Grupo Vázquez, al que pertenece la empresa ITTI S.A.E.C.A. Desde 2023, esta compañía tecnológica ha ganado 17 contratos públicos. Según datos disponibles, se estima que los contratos conocidos suman más de 12 mil millones de guaraníes (un millón 714 mil 286 dólares). Sin embargo, esta cifra no incluye los 17 contratos de 2023, ya que algunos montos no fueron divulgados. Estos proyectos permitieron que ITTI se beneficiara obteniendo acceso a datos personales y crediticios de miles de paraguayos en un país sin una ley integral de protección de datos.
ITTI, fundada en 2004 y parte del conglomerado Grupo Vázquez, tiene sede en Asunción, Paraguay, y está liderada por César Astigarraga. Se especializa en el desarrollo de software financiero y sistemas transaccionales, como su core bancario ITGF, utilizado ampliamente en Paraguay. Su rápida expansión ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder y la posible formación de un monopolio en sectores clave, como la tecnología financiera.
La empresa administra datos sensibles en programas como Che Róga Porã, un proyecto de viviendas sociales, y el homebanking del Banco Nacional de Fomento. En ambos casos, no se han establecido garantías para proteger a los ciudadanos en caso de vulneraciones. Además, acuerdos como el firmado con la Secretaría Nacional de Deportes permiten la recolección de datos biométricos sin claridad legal.
La consolidación de ITTI en Paraguay es reflejo de un modelo que prioriza los intereses privados sobre las necesidades públicas. Este caso evidencia la falta de regulación estatal y la creciente privatización de servicios esenciales en favor de un grupo económico con vínculos políticos. Santiago Peña ya declaró públicamente que tiene bonos de ITTI y acciones en Ueno Holding; además, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, estuvo vinculado al mismo grupo. Las adjudicaciones durante el mandato de Peña pasaron de 11 en el gobierno anterior a 17, lo que refuerza las sospechas de favoritismo político.
