El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños de Guayaquil –Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14)– fueron detenidos por una patrulla militar y desaparecieron sin dejar rastro. El 31 de diciembre se confirmó el hallazgo de sus cuerpos incinerados en Taura, a 46 kilómetros de Guayaquil. Las investigaciones revelaron que, después de ser liberados por los militares, los menores buscaron ayuda, pero fueron nuevamente capturados por individuos encapuchados y llevados hacia un río, donde encontraron la muerte.

La Fiscalía ha procesado a 16 miembros de las Fuerzas Armadas por desaparición forzada. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aceptó a trámite la solicitud de juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por la muerte de los cuatro niños.

Esta es la violencia extrema perpetrada por fuerzas estatales y paraestatales que marca la erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas en Ecuador. La implicación de militares en este tipo de actos genera un temor generalizado en la ciudadanía, debilitando la cohesión social y poniendo en entredicho la legitimidad del Estado para ejercer la fuerza y procurar el orden.