Verónica Abad había sido suspendida de sus funciones como vicepresidenta por 150 días, pero una sentencia judicial la reinstaló en su cargo. La jueza que falló a su favor, Nubia Vera, denunció amenazas y presiones del Presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para emitir una sentencia ratificando la suspensión.

Abad dijo que asumiría la presidencia el 5 de enero, dado que el presidente Noboa debe pedir licencia para presentarse como candidato en el proceso electoral próximo. No obstante, las fuerzas policiales y militares anunciaron públicamente que no apoyarían a Abad y que acatarían la decisiones de Noboa.

El presidente ha tratado de evitar a toda costa la asunción temporal de Abad mientras él se retira para hacer campaña de cara al proceso electoral de febrero próximo. Noboa había nombrado a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, pero ella rechazó el cargo. Luego nombró en el mismo cargo a Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración del Gobierno, a quien se encargaría temporalmente la Presidencia. No obstante, Abad hizo un llamado urgente a la Organización de los Estados Americanos para hacer respetar la institucionalidad democrática de la vicepresidencia y presentó una acción de protección con medida cautelar para suspender los decretos relacionados con la designación de Gellibert como vicepresidenta y el encargo de la Presidencia. Por su parte, el candidato de la Unidad Popular, Jorge Escala, interpuso una denuncia penal contra Noboa y Gellibert por usurpación y simulación de funciones públicas, y por usurpación y retención ilegal del mando.

Hasta el momento, sólo la Asamblea Nacional ha reconocido a Abad como vicepresidenta y presidenta encargada. El resto de los organismos del Estado en condiciones de tomar decisiones sobre esta situación –el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional– están revisando los procesos iniciados o argumentando falta de competencia para expresarse.