En un giro inesperado, el pasado martes 14 de enero el presidente Joe Biden anunció que retirará a Cuba de la “Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo” que el Departamento de Estado elabora de manera unilateral.
La decisión incluye la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite abrir demandas en tribunales estadounidenses sobre propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana, así como la eliminación de sanciones contra entidades cubanas que buscaban prohibir a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar actividades financieras con Cuba. Estas medidas fueron adoptadas durante la primera administración de Donald Trump como parte de su política de “máxima presión” contra la isla caribeña.
La Habana ha recibido con cautela el anuncio de Biden. La decisión, tomada menos de una semana antes de la transición gubernamental en Estados Unidos, no parece contener ninguna garantía de que la próxima gestión de la Casa Blanca vaya a sostenerla. A través de un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que “a pesar de su carácter limitado, es una decisión en la dirección correcta y acorde con las demandas sostenidas y firmes del gobierno y pueblo de Cuba”. Agregó que esta decisión “pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto con muchas otras, causan graves daños a la economía cubana, con graves efectos en la población”. El gobierno cubano asegura que se trata de un “tema que está presente en los intercambios oficiales entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos”. Sin embargo, subraya que la decisión “corrige, de forma muy restringida, aspectos de una política cruel e injusta” y que esta corrección se produce “al borde de un cambio de gobierno, cuando debería haberse materializado hace años”.
Tan solo un día después del anuncio de Biden, el miércoles 15 de enero, el senador republicano Marco Rubio, futuro secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, afirmó que la decisión de eliminar a Cuba de la infame lista podría ser revertida por la nueva administración. “No tengo ninguna duda de que (Cuba) cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo”, declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para su audiencia de confirmación como secretario de Estado. Rubio argumentó que el gobierno cubano mantiene “relaciones amistosas con Hamás y Hezbollah” y fuertes vínculos con Irán, además de “albergar estaciones de espionaje de dos países hostiles a Estados Unidos”, agregando que el país norteamericano debe anteponer sus “intereses nacionales fundamentales a todo lo demás”.
