El gobierno de Gustavo Petro declaró suspendido el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de un enfrentamiento entre el ELN y disidentes de las FARC en la región del Catatumbo. El presidente Petro ha apostado por un enfoque ambicioso de “paz total” que los últimos acontecimientos han puesto en jaque. Tras la negativa del ELN a cesar sus ataques y demostrar una voluntad clara de paz, el gobierno suspendió temporalmente los diálogos, declarando que no se tolerarán acciones que contradigan los principios básicos de una negociación.
El Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza y su papel en el narcotráfico, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. El reciente choque ha dejado alrededor de 30 muertos, incluidos civiles, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz con las FARC. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre la grave situación humanitaria en el Catatumbo, donde hay desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.
Por su parte, el ELN ha emitido comunicados justificando sus acciones contra lo que denomina “amenazas militares”, incluyendo a empresas como Ecopetrol y hasta al gremio de mototaxistas. Estas declaraciones, sumadas a actos de violencia, refuerzan la percepción de que el grupo armado mantiene una estrategia beligerante pese a los esfuerzos de negociación. Otty Patiño, jefe de la delegación gubernamental, envió una carta al ELN subrayando que la paciencia del gobierno no es infinita, un mensaje que refleja el agotamiento ante la falta de avances concretos. Esta postura ha generado reacciones diversas entre la opinión pública y los analistas políticos.
El gobierno ha organizado visitas presidenciales a las zonas más afectadas, como Tibú, con el fin de atender la crisis humanitaria y reforzar la presencia del Estado. Sin embargo, la tensión entre el gobierno y las facciones activas continúa. Ejemplo de ello fue la captura del sicario apodado “Petacas”, miembro del ELN implicado en atentados emblemáticos, como el ataque a la Escuela General Santander, hecho que subraya la persistencia de actores armados clave en actividades violentas. Expertos sugieren que el gobierno enfrenta un dilema entre mantener la legitimidad de sus esfuerzos de paz y responder con fuerza al aumento de la violencia. Se trata de uno de los mayores desafíos para la administración de Petro.
