El proyecto Arazatí-Neptuno busca construir una planta potabilizadora en Arazatí que abastecería a más de 3 millones de personas. Sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por su impacto ambiental, como el riesgo de contaminación del acuífero Raigón y la variabilidad de la salinidad del Río de la Plata.

El conflicto en torno al proyecto Arazatí-Neptuno se enmarca en una crisis hídrica que afecta el abastecimiento del 60% de la población uruguaya que reside en Montevideo y su área metropolitana. Obras Sanitarias del Estado (OSE) abastece a gran parte del país a través de la toma de agua del Río de la Plata, principal fuente de agua potable en Uruguay, y de embalses como el de Canelón grande y Paso Severino. Pero las sequías de los últimos años han conducido al desabastecimiento de agua potable en la región metropolitana y a la declaración nacional de la crisis hídrica en 2023. El tema pasó a ser una prioridad política y social, de manera que se han concentrado esfuerzos en buscar una segunda fuente confiable de agua potable. En ese contexto, el presidente Lacalle Pou presentó el proyecto Neptuno-Arazatí, que prevé la construcción de infraestructura en el departamento de San José para la toma de agua destinada al suministro de la población.

El presidente electo Yamandú Orsi y Edgardo Ortuño, próximo ministro de Ambiente de Uruguay, han criticado la iniciativa porque consideran que comprometerá la sostenibilidad financiera de OSE y que limita opciones más viables, como el proyecto Casupá. La comunidad científica, políticos y organizaciones sociales denuncian que el contrato no responde a una política pública integral y pone en riesgo el suministro de agua potable para las futuras generaciones. Además, según la Constitución uruguaya, el servicio de agua potable debe ser proporcionado exclusivamente por empresas estatales (Artículo 47), lo que genera un conflicto por la privatización parcial que propone el convenio firmado entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo.