Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Trump, se ordenó cerrar el programa CBP One, el cual ha contribuido significativamente a reducir los cruces irregulares por la frontera al permitir que los migrantes obtengan citas para pedir asilo mediante una solicitud virtual. Se calcula que unos 30 mil migrantes ya tenían citas para ingresar a Estados Unidos; ahora han quedado en un limbo.
Además, el gobierno ordenó al Departamento de Justicia destituir a cuatro jueces responsables de supervisar los 71 tribunales federales de inmigración. También se ordenó la investigación y procesamiento de cualquier funcionario estatal o local que se oponga a las medidas migratorias de la nueva administración, muchas de las cuales son consideradas inconstitucionales, como el decreto que niega el derecho de ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos.
Luego de firmar una orden ejecutiva para declarar “emergencia nacional en la frontera sur”, el miércoles 23 de enero, el gobierno federal movilizó alrededor de mil 500 tropas en la frontera con México. Según trascendió en diversos medios, este sería el primer paso de un plan para militarizar la frontera que buscaría desplegar a 10 mil soldados activos. A través de un comunicado oficial, el secretario interino de Defensa, Robert Salesses, afirmó que el despliegue de tropas representa “un aumento del 60% en el número de fuerzas activas desde que Trump asumió el cargo”. También informó que el Pentágono “brindará apoyo aéreo” para la deportación de más de cinco mil personas detenidas en San Diego (California) y El Paso (Texas) por Aduanas y Protección Fronteriza, en vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y que “comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para aumentar la seguridad y reducir los cruces fronterizos ilegales y el contrabando”.
La ley estadounidense prohíbe a los soldados desempeñar funciones de policía civil dentro del propio país, incluso en la frontera. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada por Trump que ordena al Pentágono “desplegar tropas para obtener el control operativo total de la frontera sur” establece que el presidente tendrá hasta 90 días para decidir si invoca la “Ley de Insurrección” que permitiría a los militares adoptar funciones de seguridad interna.
Según el último censo de 2022, se calcula que tres de cada cuatro migrantes en Estados Unidos tienen documentos. Esto significa que unas 11 millones de personas, por distintos motivos, no han logrado regularizar su situación migratoria.
