El Congreso chileno aprobó el miércoles 29 de enero una reforma significativa al sistema de pensiones, vigente desde 1981, que establece que las empresas deben aportar a las pensiones de sus trabajadores. Esta reforma, impulsada por el presidente Gabriel Boric, busca mejorar las condiciones de jubilación y responde a una demanda social por pensiones más justas, ya que actualmente un 72% de los pensionados recibe menos del salario mínimo.
La reforma incrementará gradualmente la cotización del 10% actual al 17%, siendo los empleadores quienes cubrirán el aumento del 7%. Además, se prevé un aumento en la Pensión Garantizada Universal, que beneficia a los jubilados con pensiones bajas, y se abordará la brecha de género en las pensiones, compensando a las mujeres por su mayor esperanza de vida y los vacíos en sus cotizaciones debido a labores no remuneradas.
Este proyecto ha sido objeto de intensas negociaciones durante más de 15 años y ha contado con el respaldo tanto del oficialismo como de la coalición opositora Chile Vamos. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó que durante 43 años el ahorro previsional había recaído únicamente sobre los trabajadores. A pesar del consenso general sobre la necesidad de reformar el sistema, algunos sectores criticaron la decisión de mantener las cuentas individuales y la participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El ministro de Hacienda, Mario Marcel, argumentó que los cambios impulsarán la economía al aumentar los ahorros y reactivar el mercado de capitales.
Esta reforma es crucial para el gobierno de Boric, especialmente tras el rechazo popular a una nueva Constitución en 2022. Con las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para noviembre de 2025, el oficialismo busca demostrar avances significativos en su gestión.
A pesar del apoyo mayoritario, la reforma enfrentó críticas tanto desde la derecha como desde dentro del oficialismo. Algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre el impacto negativo que podría tener en el empleo y la economía. Sin embargo, este cambio en el sistema previsional se considera un paso importante hacia una mayor equidad y sostenibilidad en las pensiones chilenas.