En los últimos días, el gobierno colombiano ha anunciado una serie de medidas y propuestas en respuesta a los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta el país. Una de las principales iniciativas es una nueva reforma tributaria que buscará recaudar al menos 12 billones de pesos (aproximadamente 2.86 mil millones de dólares). Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, estos fondos son esenciales para financiar el presupuesto nacional, especialmente después de que una propuesta similar fuera rechazada por el Congreso a finales del año pasado. La nueva iniciativa contempla recortes de impuestos para pequeñas y medianas empresas, así como incrementos tributarios para sectores como minería y energía. Sin embargo, el gobierno enfrenta un respaldo limitado en el Congreso, lo que podría dificultar la aprobación de la reforma.
Paralelamente, debido a una grave crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo y la zona metropolitana de Cúcuta, el gobierno ha decretado el estado de conmoción interior. Enfrentamientos recientes entre el ELN y disidencias de las FARC han resultado en al menos 60 muertes y el desplazamiento de cerca de 40 mil personas, algunas de las cuales han buscado refugio en Venezuela. Durante los próximos 90 días, el Ejecutivo implementará medidas extraordinarias para restaurar el orden público y prevenir más desplazamientos. En este marco, se ha propuesto la implementación de un “Impuesto de Timbre” para recaudar aproximadamente un billón de pesos. Este impuesto se aplicará a trámites notariales que involucren documentos públicos o privados, como certificaciones, copias de escrituras públicas y apostillas. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, con un cobro del 1% sobre estos trámites se podrían recaudar alrededor de 330 mil millones de pesos, y su vigencia estará limitada a los 90 días del estado de conmoción interior, con posibilidad de extensión.
En el ámbito legislativo, el Senado colombiano debatirá una reforma constitucional que busca duplicar los recursos transferidos de la nación a las gobernaciones y alcaldías, con el objetivo de profundizar la descentralización. La propuesta es aumentar gradualmente el porcentaje de ingresos nacionales destinados al Sistema General de Participaciones (SGP) hasta un 46.5% a lo largo de diez años. No obstante, algunos sectores advierten que esto podría dejar al Gobierno central sin suficientes recursos para sus funciones o incrementar el déficit fiscal a niveles insostenibles. Para convertirse en ley, la reforma necesita ser debatida y aprobada en dos vueltas en el Senado y la Cámara de Representantes.
Frente a este panorama, voces de la oposición, como el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, han manifestado que en aproximadamente cuatro meses el Congreso podría disminuir su atención a las iniciativas del gobierno nacional, sugiriendo que es necesario “despetrificar” la conversación sobre los problemas del país.
