La fiscalía chilena ha intensificado sus acusaciones contra el gobierno venezolano en el caso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, asilado en Chile. El fiscal Héctor Barros señaló directamente a Diosdado Cabello como la persona que ordenó el crimen, basándose en el testimonio de un testigo protegido que asegura que Cabello acordó el secuestro de Ojeda con Héctor “el Niño” Guerrero, líder del grupo criminal Tren de Aragua, a cambio de un pago en tierras peruanas. Este señalamiento se da en el marco de las audiencias contra 19 sujetos vinculados a Los Piratas, una célula del Tren de Aragua, donde se han presentado pruebas y se ha solicitado la extradición de dos líderes de la banda.

A medida que avanzan las investigaciones, con la detención en Colombia de Luis Carrillo, alias “Gocho”, las posibles consecuencias internacionales del caso se hacen más evidentes. La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, y el presidente Gabriel Boric han advertido que, de confirmarse la participación del gobierno venezolano, Chile recurrirá al Tribunal Penal Internacional.

El gobierno venezolano niega las acusaciones, que calificó de “operación de falsa bandera”, mientras que la fiscalía chilena sostiene que el crimen fue ordenado desde Venezuela y ejecutado con la colaboración del Tren de Aragua.

Por su parte, el gobierno venezolano lanzó acusaciones contra Juan Guaidó por la “Operación Gedeón y Corrupción” de desestabilización en 2020. Sostuvo también que la operación se realizó con fondos de USAID y con la participación del Partido Por la Democracia y el Partido Socialista de Chile.