Tras la crisis con la DEA, el gobierno de Santiago Peña ha decidido fortalecer su cooperación en seguridad con Argentina, alineándose con la estrategia de Javier Milei. El 7 de febrero, los ministros de Defensa de Paraguay, Óscar González, y de Argentina, Luis Petri, se reunieron en Formosa, Argentina, para firmar un convenio que refuerza la vigilancia fronteriza con el despliegue de militares y tecnología avanzada como drones y radares.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) paraguaya había roto relaciones con la DEA, pero mantiene su alineación con la agenda estadounidense en la región. La narrativa oficial señala al crimen organizado, el contrabando y el “terrorismo” como amenazas comunes, evocando el discurso securitista de Washington.

El acuerdo también reactiva el Comité Argentino-Paraguayo de Defensa y Seguridad Internacional, profundizando la colaboración militar entre ambos países. Sin embargo, este despliegue responde más a una estrategia geopolítica que a una solución estructural a los problemas de la Triple Frontera. La militarización de la hidrovía y el fortalecimiento del control fronterizo refuerzan el papel de Paraguay y de Argentina como eslabones en la agenda regional de seguridad impulsada por Estados Unidos.