El escándalo de “Lalo Gate” comenzó con la denuncia contra Orlando Arévalo, exdiputado vinculado a una red de narcotráfico y corrupción, y a la venta ilegal de títulos académicos. La presión pública llevó a su renuncia, que fue aceptada por el presidente Santiago Peña y por Honor Colorado, partido al que pertenece el exdiputado, marcando la primera renuncia de un integrante aceptada por el movimiento.

La salida de Arévalo desplegó más aristas en el entramado de corrupción, ya que su reemplazo, el suplente Saúl González, ya tenía denuncias por corrupción en su desempeño como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, además de denuncias por protección a microtraficantes. La crisis se intensificó con las nuevas acusaciones contra la hija de Arévalo por presunto lavado de dinero. Una empresaria presentó una solicitud formal ante la fiscalía para investigar su involucramiento.

Mientras tanto, sectores oficialistas de Honor Colorado y la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) consideraron injusta y prematura la renuncia de su excolega y expresaron preocupación porque el presidente Peña les “suelta la mano”.