El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, aceptó albergar a unos 300 inmigrantes deportados por Estados Unidos en sus cárceles, a cambio de 6 millones de dólares. A través de redes sociales, con tono irónico Bukele celebró el acuerdo escribiendo: «¡Uy!… Demasiado tarde», en referencia a la orden judicial de Boasberg.

Sin embargo, este acuerdo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la falta de transparencia en la identificación de los deportados como miembros del Tren de Aragua. Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, advirtió en la red social X que «cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser deportado con el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa».

El gobierno de Venezuela también rechazó la medida, calificándola de «evocadora de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis».

Por su parte, agentes antidisturbios de El Salvador recibieron a los inmigrantes deportados, quienes fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad CECOT. El video de su ingreso, publicado por el propio gobierno salvadoreño, muestra hombres esposados y siendo afeitados para su posterior encarcelamiento. Estas imágenes han generado indignación en redes sociales y preocupación por el trato recibido.

En particular, los familiares de los deportados han expresado su desesperación por la falta de información certera sobre el paradero de los detenidos. A su vez, denuncian que en muchos casos la deportación se ha hecho sin pruebas concretas de la afiliación de los inmigrantes a pandillas.