El sábado 15 de marzo, el juez federal James E. Boasberg emitió una orden para bloquear temporalmente las deportaciones de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Sin embargo, a pesar de la orden judicial, la administración Trump deportó a cientos de inmigrantes a El Salvador y Honduras. El hecho ha generado un intenso debate legal y político, poniendo en tela de juicio el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno estadounidense.

En el momento del fallo, dos aviones con inmigrantes ya estaban en el aire: uno con destino a El Salvador y otro a Honduras. Aunque Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, esta directiva no se incluyó en su orden escrita, y los vuelos continuaron su curso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las acciones de la administración Trump, afirmando que «la orden carecía de fundamento legal» y que los inmigrantes ya habían sido expulsados antes de que se emitiera la decisión judicial. Leavitt se refirió a los deportados como «extranjeros terroristas» vinculados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump, permite al presidente detener o expulsar a extranjeros en tiempos de guerra. Esta ley ha sido utilizada sólo tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Su última aplicación fue para justificar la detención de civiles estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, un episodio ampliamente criticado por su carácter discriminatorio.

En esta ocasión Trump declaró que Estados Unidos enfrenta una «invasión» de inmigrantes criminales, con lo que justificó el uso de la ley. Sin embargo, diversos sectores señalan que la aplicación de esta medida es un abuso de poder, ya que no hay una guerra declarada por el Congreso. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han alertado que el uso de esta ley, sumado a la falta de transparencia en la identificación de los detenidos sientan un peligroso precedente dentro de la política migratoria estadounidense.

Mientras tanto, la prohibición dictada por Boasberg tendrá vigencia por 14 días, en tanto se escuchan argumentos adicionales. En ese periodo los inmigrantes permanecerían bajo custodia federal.