Mientras los tribunales estadounidenses debatían el caso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, realizaba una polemica visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde están recluidos los venezolanos deportados. Al no ser formalmente acusados ni en Estados Unidos ni en El Salvador, permanecen en un limbo jurídico, sin acceso a abogados ni a sus familias.

Las imágenes de celdas abarrotadas y presos sometidos a condiciones inhumanas se articularon con el discurso de Noem, quien afirmó que estas instalaciones eran parte de las «herramientas» de Estados Unidos para combatir la migración irregular.

Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que muchos de los deportados no tienen vínculos reales con el crimen organizado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció albergar a los deportados estadounidenses como parte de un acuerdo que incluye una compensación económica de seis millones de dólares anuales. Para Trump, esta alianza refuerza su narrativa de mano dura contra la migración irregular, un tema central en su campaña hacia las elecciones de noviembre. Sin embargo, expertos señalan que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones masivas establece un precedente peligroso.

El conflicto está lejos de terminar. Mientras el juez Boasberg investiga si la administración Trump desobedeció su orden al no retornar los aviones con deportados, la Corte Suprema de El Salvador evalúa un recurso de hábeas corpus presentado por abogados venezolanos. Aunque las perspectivas son sombrías —dado el control que Bukele ejerce sobre el Poder Judicial—, el caso ha atraído la atención de organismos internacionales.