En un fallo que marca un hito en el creciente conflicto entre la Casa Blanca y el poder judicial, un tribunal federal de apelaciones rechazó este miércoles 26 de marzo levantar la orden que prohíbe al gobierno de Donald Trump deportar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, diseñada originalmente para tiempos de guerra y que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en el centro de una batalla legal que cuestiona los límites del poder presidencial. Frente a esta situación, Trump ha llevado el caso ante la Corte Suprema, al mismo tiempo que continúa sus esfuerzos por remodelar el poder judicial para alinearlo con sus posturas políticas.

El 15 de marzo, el juez federal James Boasberg ordenó  detener temporalmente las deportaciones de migrantes que estaba realizando Washington. Esta decisión fue respaldada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., en una decisión dividida. Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett, nominadas por presidentes republicano y demócrata respectivamente, coincidieron en que levantar la orden representaba un riesgo grave para los derechos de los migrantes. Millett argumentó que la medida simplemente mantenía el status quo mientras se resolvían «cuestiones legales importantes y sin precedentes». Por su parte, el juez Justin Walker, nominado por Trump, discrepó enfáticamente, advirtiendo que el fallo interfiere con asuntos de seguridad nacional.

Este revés judicial para la administración Trump ocurre en medio de una escalada en su política de «tolerancia cero» hacia la migración irregular. El gobierno ha deportado a cientos de venezolanos bajo el argumento de que pertenecen al Tren de Aragua, una pandilla designada como organización terrorista en 2024. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y abogados de los afectados insisten en que estas deportaciones se realizaron sin garantías procesales, violando el derecho a una audiencia justa.