Los comienzos de Semana Santa en Colombia se dieron entre un encadenado de atentados terroristas. La madrugada del Jueves Santo, la subestación de Policía de Dagua fue sorprendida por ráfagas de fusil que se prolongaron cerca de media hora, mientras que en Jamundí se descubrió en plena vía un carro bomba. Al mismo tiempo, en el corregimiento de Mondomo (Cauca), un dron cargado de explosivos atacó la estación de Policía, matando a una civil e hiriendo al menos a 20 personas; el personero local advirtió que la comunidad quedó “a merced de grupos armados ilegales” tras el atentado. Horas después, en La Plata (Huila), una motocicleta bomba detonó frente al comando de la Policía, cobrándose la vida de los hermanos Luisa Fernanda (20 años) y Sergio Trujillo Peña (17) e hiriendo a 24 personas. El estallido arrasó con la infraestructura policial y causó graves daños en viviendas y comercios aledaños.

El Gobierno atribuyó los ataques de Mondomo a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y anunció una recompensa de 300 millones de pesos por información que conduzca a sus responsables, cuyos rostros y alias fueron revelados públicamente. Simultáneamente, tras tres agresiones con fusil y explosivos contra la fuerza pública en Carepa, Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), se responsabilizó al Clan del Golfo; se identificó a alias Cedral, “Perdido”, “Colonia” y “Román” como presuntos autores y se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos. En medio de estas acciones violentas, el presidente Gustavo Petro comunicó su decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral con las disidencias de Calarcá, otorgándoles 72 horas para su repliegue y levantando la suspensión de órdenes de captura; pocas horas después, sin embargo, emitió un decreto que suspende temporalmente –hasta el 18 de mayo– las operaciones ofensivas contra ese mismo grupo, con el fin de facilitar “preagrupamientos” y proyectos territoriales en Caquetá y el Catatumbo, sin mediación internacional. En este marco, el presidente reiteró su apuesta por la “paz total”, afirmando que “la guerra es el fracaso total” y lanzando un contundente mensaje contra el ELN, al que acusó de escoger “el camino de la crucifixión” al aliarse para el tráfico de armas y cocaína, y proponiendo en cambio la “Resurrección” mediante la legalización del cultivo de cocaína con fines alimentarios.

Las reacciones políticas a la decisión de no prorrogar el cese al fuego con las disidencias de ‘Calarcá’ mostraron matices marcados. En el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo expresó su pesar calificando el hecho de “lamentable” y advirtió que “cada vez que se suspende un diálogo y un cese al fuego se apaga la chispa y la esperanza de la paz”, al tiempo que urgió a las agrupaciones armadas a demostrar voluntad real con “acciones que conlleven a la paz”. Por el contrario, el exministro Juan Fernando Cristo saludó la determinación presidencial, recordando que estos grupos “no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme”, y subrayó que ahora las fuerzas militares y la Policía deberán asumir “un gran reto” ofensivo. Así, desde el lamento por la pérdida de espacios de diálogo hasta la exigencia de mayor contundencia militar y la preocupación por la protección de la ciudadanía, el abanico de posturas refleja la complejidad de combinar estrategias de paz con garantías de seguridad en el marco de la política colombiana.