El 1° de mayo, Gustavo Petro aprovechó la conmemoración del Día del Trabajo para presentar formalmente ante el Senado de la República el proyecto de Consulta Popular que contiene 12 preguntas orientadas a reflotar elementos de la reforma laboral vetada por el Congreso. Durante una intervención de más de una hora en la Plaza de Bolívar de Bogotá, acompañado de representantes de centrales obreras, comunidades indígenas y miembros de su gabinete, Petro portó la histórica espada de Simón Bolívar en un gesto simbólico de reivindicación popular. Según sus organizadores, congregaron a miles de personas en varias ciudades, reforzando la narrativa del “bloqueo institucional” legislativo y la necesidad de que el pueblo se pronuncie directamente.

El Senado dispondrá de un mes, hasta el 1 de junio, para emitir un concepto de conveniencia, tras lo cual la jornada electoral deberá celebrarse a más tardar el 1 de septiembre. El contenido de las 12 preguntas fue ligeramente ajustado respecto a la propuesta inicial, incluyendo la especificación de “jornada diurna” para el trabajo máximo de ocho horas y la incorporación de tasas de interés en materia de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas asociativas.

Con la radicación del proyecto, el futuro de la Consulta Popular quedó en manos del Senado, que deberá alcanzar al menos 53 votos para que la convocatoria a urnas sea aprobatoria, de lo contrario, el Ejecutivo tendría la opción de expedir un decreto de convocatoria directa. Hasta la fecha, ni el oficialismo ni la oposición cuentan con los respaldos suficientes, y se espera que las bancadas de Liberales y de la U tengan un papel decisivo, mientras los uribistas, conservadores y Cambio Radical ya anuncian su voto en contra.

El oficialismo ve en la consulta una oportunidad para reivindicar derechos laborales y sociales, en un contexto donde hay un repunte en la aprobación de Petro, que pasó del 32 % en febrero al 37 % al cierre de abril, al mismo tiempo que su desaprobación cayó del 63 % al 57 %. Para sus críticos, la movilización y el discurso confrontativo exhiben una creciente tendencia caudillista que podría erosionar la estabilidad democrática del país. En este escenario, la consulta popular se perfila como un punto de inflexión que podría redefinir las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil, con implicaciones cruciales para la gobernabilidad y el horizonte electoral de 2026.