El 29 de abril, el Congreso debatió sin éxito tres mociones para inhabilitar políticamente a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y al exministro de Vizcarra, Salvador del Solar, por presuntas irregularidades durante su gestión de la pandemia. Ninguna moción alcanzó los votos necesarios, lo que evidenció fracturas en la coalición conservadora que impulsó los procesos.

El 30 de abril la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, junto a sus exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presunta organización criminal. La denuncia vincula al exmandatario con la red de corrupción del caso Marka Group, en la que también figura la empresaria Sada Goray. Según la Fiscalía, desde el Ejecutivo se habría montado una estructura ilícita para beneficiar a intereses privados a cambio de favores económicos, instrumentalizando decisiones públicas y recursos estatales.

Simultáneamente, una investigación de El Comercio reveló la presentación de firmas presuntamente falsas por parte de agrupaciones con y sin representación parlamentaria en sus padrones de afiliación. La mayoría de las organizaciones implicadas no ofrecieron una explicación pública ni asumieron responsabilidades, lo que refuerza la percepción de opacidad en un sistema ya severamente cuestionado.