En las vísperas de la votación sobre la Consulta Popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, el Congreso enfrenta una serie de acontecimientos que han tensionado su agenda legislativa. La captura de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a raíz de la causa de desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó dos curules vacantes y alteró la dinámica tanto de las plenarias como de las comisiones segundas, encargadas de asuntos de política exterior. En este contexto, el exsenador uribista Ciro Ramírez, liberado por la Corte Suprema de Justicia tras estar privado de la libertad por el caso ‘Marionetas 2.0’, solicitó formalmente su reintegro al Senado para ocupar la silla vacía que se le aplicó el año pasado; aunque su defensa sostiene que, al no haber sido condenado, está habilitado para retomar sus funciones, la decisión definitiva recaerá en la presidencia del Congreso.
Paralelamente, el oficialismo despliega una estrategia para asegurar tanto el respaldo del Senado como la movilización electoral en las regiones. A pesar de que la consulta sobre la reforma laboral, radicada el 1° de mayo, aún no ha sido convocada ni puede promoverse activamente, el Gobierno ha instruido a sus funcionarios para activar comités regionales y ha estrechado lazos con alcaldes y gobernadores en busca de votos en las urnas. El cronograma legislativo prevé que la plenaria del Senado comience a discutir el proyecto el 13 de mayo, tenga 30 días para emitir concepto, tras lo cual el Presidente dispondrá de ocho días para convocar la consulta mediante decreto y tres meses para realizarla según la ley, que exige la participación de al menos un tercio del censo electoral (13.654.457 ciudadanos) y la aprobación de la mitad más uno de los votos válidos (6.827.228).
En las últimas semanas, el presidente Petro sostuvo reuniones reservadas con el registrador nacional, Hernán Penagos, primero en la Casa de Nariño y luego en Palacio, donde exploraron las implicaciones presupuestales y operativas de la consulta, calculada en 750.000 millones de pesos (unos 176 millones millones de dólares) por la necesidad de desplegar logística similar a la de unas elecciones ordinarias para 40 millones de ciudadanos. Penagos enfatizó ante la Comisión de Ética que, por ley, la Registraduría no puede sustraerse de la preparación, incluso si eso implica reducir el número de mesas de votación para economizar recursos sin afectar la cobertura electoral, y anunció además medidas de transparencia, como la publicación de actas y auditorías, de cara a las elecciones de 2026.
