El acuerdo firmado entre el gobierno de Santiago Peña y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre de 2022 estableció una serie de cambios profundos en el sistema de pensiones paraguayo. En cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, el presidente Peña incluyó la reforma al sistema previsional en el proyecto de ley recientemente enviado a la legislatura, a pesar de que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, expresó su desacuerdo.

Este proyecto busca, entre otras cosas, “sanear” el déficit de la caja del Instituto de Previsión Social (IPS) mediante un ajuste en los haberes jubilatorios. Pero los sindicatos denuncian que esta modificación, que extiende el cálculo jubilatorio de tres a diez años, representará una disminución del monto de las pensiones, perjudicando a los trabajadores, especialmente a aquellos con salarios bajos en sus últimos años laborales. Organizaciones como la Corriente Sindical Clasista han expresado su rechazo categórico, calificando esta reforma como una “estafa” que traslada los costos de la ineficiencia del IPS a la clase trabajadora. Los sindicatos sostienen que con esta reforma el gobierno encubre problemas de corrupción y desvío de fondos en el IPS, favoreciendo intereses vinculados al poder, como bancos y empresas de la esfera presidencial, en lugar de proteger los derechos de los jubilados.

Además, el gobierno incrementó recientemente la cuota de Paraguay en el FMI a 302.1 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), un aumento que le asegura mayor poder de voto en el organismo, dado que el poder de decisión de los países en la junta del Fondo se basa en el tamaño de sus aportes. Esta alineación fortalece la influencia del gobierno paraguayo en la toma de decisiones dentro del FMI, en una señal de afinidad con su directora, Kristalina Georgieva.