El lunes 5 de enero, tanto Dominica, como Antigua y Barbuda anunciaron que habían alcanzado acuerdos con Estados Unidos para recibir a un número “muy limitado” de personas deportadas o refugiadas que no pueden ser repatriadas a sus países de origen. Ante los rumores y las acusaciones de la oposición en ambos países, que sostenían que se recibiría a miles de personas, los gobiernos intentaron aclarar que se trataba de entendimientos de carácter no vinculante y que no implicaban compromisos de cuotas elevadas.

Ubicadas en el Caribe, Dominica y Antigua y Barbuda son dos pequeños Estados insulares que forman parte de las Antillas Menores y de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Dominica, con una superficie aproximada de 750 km², se encuentra entre las islas de Guadalupe y Martinica, en las Windward Islands, y cuenta con una población cercana a las 66 mil personas. Antigua y Barbuda, por su parte, tiene una superficie de alrededor de 443 km², se localiza al este de Puerto Rico, en las Leeward Islands, y posee una población aproximada de 94 mil habitantes.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, explicó que su país firmó un acuerdo para facilitar el envío de refugiados de “terceros países” en situaciones en las que Estados Unidos no pueda devolverlos a su Estado de nacimiento u origen. Señaló que se recibiría “posiblemente hasta diez” personas, aunque no ofreció detalles sobre planes específicos de alojamiento o integración para los eventuales refugiados.

De manera similar, la información brindada por el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, se centró en los mismos puntos. Browne añadió que el acuerdo puede rescindirse en cualquier momento a discreción de su gobierno y que se mantienen conversaciones para que Estados Unidos restablezca la emisión y renovación normal de visas para los ciudadanos de su país.

Los anuncios se produjeron después de que Estados Unidos impusiera restricciones de viaje y visado a ambos países, vigentes desde el 1 de enero.