La agenda política del país estuvo atravesada por la administración de apagones y por incendios forestales, resultado del desmantelamiento estatal y de la sequía que atraviesa Ecuador. Respecto al primer punto, el gobierno de Daniel Noboa anunció la continuación de apagones planificados en todo el país, alcanzando hasta 14 horas de corte del servicio eléctrico por día. Esta medida de racionamiento es una respuesta a la crisis de energía que estalló en Ecuador desde el año pasado, pues la sequía imposibilita la producción de energía hidroeléctrica. Para las próximas semanas se anunció la reducción del tiempo de suspensión del servicio.

Por otro lado, la ciudad de Quito pasó una situación caótica y de emergencia por la provocación de incendios forestales. Aunque la sequía hizo su parte, en la capital se registraron y detuvieron a personas responsables de los incendios. Las autoridades siguen adelante con las investigaciones, catalogadas como acciones terroristas, y se sigue especulando sobre supuestas intencionalidades políticas con el fin de afectar al alcalde, Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana). Pero los incendios se están registrando en todo el territorio nacional.

Finalmente, como un nuevo intento para afrontar la crisis de seguridad, el presidente declaró un nuevo Estado de excepción por 60 días en 6 provincias y 2 ciudades, incluyendo a Quito. En parte de estos territorios, la declaratoria incluyó la imposición de un toque de queda. En palabras del gobierno, la decisión se tomó para “fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en función de defender la soberanía e integridad del Estado, seguridad ciudadana y orden público”.