El presidente Luis Arce envió este miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro preguntas para llevar a cabo un referéndum consultivo y de ajuste a la Constitución Política del Estado. La consulta debería ser aplicada el próximo 1 de diciembre, junto con las elecciones judiciales. De esta manera Bolivia se encamina hacia un final de año marcado por elecciones judiciales y un referéndum. El 1 de diciembre de 2024, las bolivianas y bolivianos están convocados para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, existe la posibilidad de que ese mismo día se realice un referéndum sobre tres temas sensibles: la reelección presidencial, la subvención a los combustibles y la distribución de escaños parlamentarios.

“Cumpliendo nuestro compromiso con la Patria, con el pueblo boliviano y con la democracia, enviamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas para el referéndum que nos permitirá decidir a las y los bolivianos, en unidad y por las vías democráticas, el futuro de la subvención de los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección discontinua del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló Arce en sus redes sociales.

La primera pregunta del eventual referéndum es la que explica el fondo de lanzamiento de la consulta en el marco de la interna en el MAS ya que podría cerrar la posibilidad de una nueva candidatura presidencial a Evo Morales: ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?.

El ex presidente Evo Morales entendió rápidamente el mensaje y salió a responder en sus redes: «Luis Arce, siguiendo los pasos de Lenin Moreno, presenta preguntas engañosas. En su traición al movimiento indígena y popular, con el único objetivo de proscribirnos e intentar distraer de la grave crisis económica, hace una pregunta imponiendo una interpretación constitucional que no le corresponde».

Las otras preguntas están orientadas a la mantención o no de la subvención a la gasolina y el diesel, así como también, en el plano legislativo, a la ampliación de la cantidad de diputados a 130 para que ningún departamento pierda su actual representación y que los de mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024. Esta última interrogante intenta apaciguar a sectores de la oposición santacruceña, actual centro económico y de desarrollo demográfico del país, que desde hace algunos años vienen exigiendo mayor representatividad en el Congreso Nacional.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó oficialmente la convocatoria para las elecciones judiciales hace pocos días, poniendo fin a un largo período de incertidumbre y disputas políticas. La falta de consenso en torno a la agenda electoral expresa la crisis de los partidos políticos y de sus liderazgos. El Movimiento al Socialismo (MAS), que sostenía al gobierno con una relativa mayoría parlamentaria, se fracturó en dos facciones. Lo mismo aconteció con los dos partidos de la oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que se fragmentaron en cinco partes. Las elecciones judiciales, especialmente el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se convirtieron en el foco de las divisiones en el Congreso.