El gobierno de Donald Trump puso en marcha este viernes un nuevo esquema arancelario para 60 socios comerciales, con alícuotas de entre el 10% y el 12,5%, en reemplazo del arancel global transitorio del 10% que había regido durante 150 días bajo la Sección 122 y que expiró a primera hora de la jornada. La nueva base legal es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, orientada a combatir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, una disposición aplicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer. La Argentina quedó ubicada en el grupo de países con la alícuota mínima del 10%, junto con Canadá, México, el Reino Unido, India, Ecuador, Indonesia y Bangladesh, entre otros, mientras que economías que, según el criterio de Washington, carecen de normativa equivalente contra el trabajo forzoso —como Brasil— fueron alcanzadas por el 12,5%. En el caso brasileño, se suma un gravamen adicional del 25% sobre parte de sus importaciones.
Fuentes del Gobierno remarcaron que la medida no altera la posición argentina: “A la Argentina no le cambia nada porque tenemos un acuerdo que sigue vigente”, señalaron en referencia al tratado recíproco de comercio e inversiones firmado en febrero por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno. Los mil 675 productos argentinos que habían quedado eximidos de aranceles en ese acuerdo —con exportaciones asociadas por unos mil 13 millones de dólares— se mantienen en tasa cero, y se suman 93 nuevos productos exceptuados, entre ellos aceites de jojoba y argán, animales vivos, flores, corcho, maderas y piedras preciosas, a lo que se suman minerales críticos como el litio y la yerba mate y el té. La cuota de 100 mil toneladas anuales para la exportación de carne vacuna argentina a Estados Unidos también quedó preservada al margen del nuevo esquema.
El nuevo régimen no se acumula con los aranceles de la Sección 232 —que gravan al acero y al aluminio en un 50% y alcanzan también a los automóviles—, y contempla exenciones adicionales para energía, fertilizantes, minerales críticos y piezas aeronáuticas, rubros de peso en la canasta exportadora argentina. La medida sustituye el esquema de aranceles recíprocos que la Corte Suprema de Estados Unidos había anulado meses atrás, al considerar que el Presidente no podía recurrir a una ley de emergencia nacional para fijar gravámenes de alcance general, lo que llevó a la administración Trump a apoyarse en la Sección 301 para reconstruir su política tarifaria.
El impacto de la medida sobre la Argentina no es, sin embargo, completamente inocuo: al tener una base jurídica distinta a la del acuerdo de febrero, en principio podría alcanzar a productos previamente beneficiados si no aparecen expresamente exceptuados, aunque la documentación oficial del USTR continúa listando el entendimiento bilateral entre sus acuerdos vigentes. En el plano financiero, el mercado reaccionó de forma acotada, más concentrado en la evolución del conflicto en Medio Oriente y en el precio del petróleo, aunque no se descarta que la nueva ronda arancelaria presione sobre la inflación estadounidense, sostenga una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal y, por esa vía, dificulte una baja sostenida del riesgo país argentino.