Los ataques armados registrados el 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, por disidencias de las FARC causaron graves daños a infraestructura pública y privada, incluyendo la estación de Policía y sedes institucionales, y dejaron uniformados heridos, además de confinamiento de civiles y destrucción de viviendas. Las autoridades municipales solicitaron asistencia del gobierno nacional para atender la emergencia y la reconstrucción de bienes afectados, así como el reforzamiento de la presencia del Estado en el territorio.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos afirmando que se habían dado órdenes previas para proteger la zona y anunciando que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército en el norte del Cauca. Señaló que, de comprobarse incompetencia en el cumplimiento de esas directrices, se procederá a cambios en los mandos militares, abriendo un interrogante sobre la efectividad de la respuesta de la fuerza pública. Petro reafirmó que su gobierno no entablará negociaciones con grupos armados que atacan a la población civil y destacó la necesidad de fortalecer las operaciones estatales frente a estructuras vinculadas al narcotráfico.

Además, se ha difundido material en el que se observa la posible participación de menores de edad en las acciones violentas, un elemento que intensifica la preocupación por el impacto humanitario del conflicto y plantea la dimensión del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.