El despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe ha generado una escalada significativa de tensiones con Caracas. Hasta el momento, la flota desplegada incluye siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, transportando alrededor de cuatro mil 500 militares, incluidos dos mil 200 infantes de marina. Entre los buques se encuentran el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale.

Esta acción se da en un contexto en el que la Casa Blanca acusa al presidente Nicolás Maduro, sin presentar evidencia concreta, de ser el líder del llamado “Cártel de los Soles”, organización que el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó el pasado 25 de julio como un “grupo terrorista internacional”, otorgando así una justificación formal a la amenaza de acción militar.

Aunque la presencia de barcos estadounidenses en la zona no es algo nuevo, el tamaño de este despliegue es superior al habitual, especialmente en un contexto en el que la administración Trump llegó prometiendo retirar posiciones militares en el exterior.

Maduro ha denunciado el despliegue militar como una amenaza directa a la soberanía de Venezuela. El viernes 19 de agosto, el gobierno venezolano presentó una queja formal ante la ONU, acusando a Estados Unidos de violar la Carta de la organización. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, calificó la operación como “propaganda masiva” destinada a justificar una intervención militar: “Se trata de una acción cinética contra un país soberano e independiente que no representa amenaza para nadie”, declaró tras reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres.

El Pentágono no ha precisado públicamente los objetivos concretos de la misión, lo cual lejos de ser un error forma parte de la estrategia de Washington: jugar con la ambigüedad de la amenaza. Sin embargo, la administración Trump ha indicado que sus fuerzas pueden actuar contra cárteles de droga y grupos criminales. La Casa Blanca afirmó que el presidente está dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir la entrada de drogas al país, subrayando la combinación de presión militar y política que caracteriza esta operación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que varias naciones del Caribe respaldan estas acciones. Sin embargo, hasta ahora solo Trinidad y Tobago ha manifestado disposición a cooperar con Washington en caso de que se requiera acceso a su territorio para defender a Guyana. La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, declaró: “Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso, mi gobierno se lo concederá sin reservas”.

No es la primera vez que Washington realiza un movimiento militar con el objetivo de intimidar a Caracas. En abril de 2019, Trump ordenó incrementar la vigilancia en el Caribe bajo la excusa de controlar el tráfico de drogas, generando especulaciones sobre una posible intervención en Venezuela. En aquel entonces, sectores de la oposición vinculados a Juan Guaidó pedían abiertamente una acción militar de Estados Unidos.

La diferencia principal respecto a aquel entonces radica en que Estados Unidos ha declarado a Maduro cabecilla del Cartel de los Soles, lo que lo convierte en objetivo directo de acciones militares. Esto eleva las tensiones y hace que la posibilidad de intervención directa cobre mayor relevancia.

Además, en comparación con 2020, el gobierno de Maduro ha perdido apoyo social significativo, evidenciado por la baja participación electoral en las elecciones para gobernadores de 2025, lo que debilita su base política. Al igual que en el pasado, la oposición venezolana, liderada actualmente por María Corina Machado, busca capitalizar la presión externa para desestabilizar al gobierno.

Sin embargo, donde hay que poner la mirada es en una de las principales figuras políticas detrás del despliegue militar el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, para quien Venezuela resulta un objetivo estratégico. Cualquier acción que debilite a Maduro puede ser interpretada como un triunfo político propio, reforzando sus intereses personales y electorales en Estados Unidos.