La situación de inseguridad en Ecuador sigue siendo crítica. En Salinas y Manta se sucedieron ataques armados e incendio de vehículos. Además, la Policía reportó muertos y heridos en Monte Sinaí, Guayaquil,que formarían parte de un grupo armado organizado. Adicionalmente, el 13 de septiembre asesinaron a la directora de la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país.

En este contexto, y considerando la débil institucionalidad en materia de justicia y reparación, ciudadanos lincharon a un presunto asesino y lo colgaron en el Parque Central de Cayambe, provincia de Pichincha. La reacción social comunitaria, por tanto, parece apostar a la justicia por mano propia, acelerando el quiebre del vínculo social y la deslegitimación estatal.

Si bien todos estos hechos tienen relación con el narcotráfico, es importante considerar que en Ecuador se está consolidando todo un circuito de economías criminales. Así se evidencia, por ejemplo, con la instalación y expansión de campos mineros ilegales. Hace poco, el medio digital la Posta publicó un reportaje sobre la situación de una mina en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, controlada por Los Lobos, el grupo narco más grande del país.