El inicio del cierre del primer bloque de pozos petroleros en el bloque ITT del Yasuní marcó un punto de inflexión significativo en la política ambiental y económica de Ecuador. El Gobierno prevé implementar cinco fases dentro del Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono las cuales se completarán en agosto de 2034. Así consta en el informe presentado ante la Corte Constitucional este martes, al cumplirse un año de la consulta popular que en 2023 aprobó mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra.
El Yasuní, reconocido como uno de los lugares más biodiversos del planeta, ha sido el epicentro de un intenso debate sobre los costos y beneficios de la explotación petrolera. Por su parte decenas de personas del pueblo originario waorani, así como representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se movilizaron en la capital del país para exigir el fin de la actividad petrolera en su hogar, reserva de la biosfera de la humanidad.
El 20 de agosto de 2023, el 58% de la población ecuatoriana decidió por medio de una consulta popular que las reservas de crudo del bloque 43-ITT del Parque Nacional de Yasuní permanezcan en el subsuelo para siempre, lo que suponía la retirada, en el plazo de un año como máximo, de la industria petrolera en este sector de la Amazonía ecuatoriana. La decisión de cerrar estos pozos impactará directamente la producción petrolera del país, lo que podría agudizar las dificultades económicas actuales, especialmente considerando que este hidrocarburo representa una parte significativa de los ingresos del Estado.