La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro ha generado un fuerte debate en Colombia. El CNE acusa a la campaña de exceder los topes permitidos en ambas vueltas de las elecciones de 2022 y de recibir aportes no reportados de organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO). Estos hallazgos podrían resultar en sanciones significativas contra Petro y su partido, Colombia Humana, lo que ha aumentado las tensiones políticas en el país.
En respuesta, Petro ha calificado la investigación como un “golpe de Estado institucional” y ha señalado que esta situación representa una “ruptura constitucional” diseñada para desestabilizar su gobierno. Ha comparado este proceso con su destitución como alcalde de Bogotá en 2013 y ha anunciado que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que las instituciones electorales están actuando en su contra de manera arbitraria.
Este conflicto no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que también podría debilitar la confianza pública en el sistema electoral y la estabilidad democrática del país. Si las sanciones contra Petro y Colombia Humana se confirman, podrían incluir la pérdida de la personería jurídica de su partido, afectando gravemente su capacidad de acción política y generando un precedente peligroso en medio de una ya polarizada política colombiana.
