En un trágico accidente en El Alto, se estrelló un avión militar que transportaba una remesa masiva de dinero del Banco Central. El siniestro dejó más de 20 fallecidos y esparció por la zona del desastre un cargamento de un equivalente a más de 61 millones de dólares. Según las declaraciones iniciales del piloto, el accidente se debió a que los frenos de la aeronave no respondieron tras un cambio de ruta forzado durante el aterrizaje.
Tras el choque, se reportó que numerosas personas acudieron al sitio para recoger los billetes esparcidos. Las autoridades reaccionaron deteniendo a 19 personas por la sustracción del dinero; paralelamente, la Fiscalía General del Estado abrió ocho procesos distintos por daños ocasionados y no descarta citar a altas autoridades para declarar. Aunque cerca de 30 personas devolvieron el dinero de forma voluntaria, el sistema bancario recibió la orden de no aceptar el dinero sustraído, lo que ha generado tensiones en las ventanillas de atención.
El Banco Central de Bolivia (BCB) tomó la decisión de quemar parte de los billetes recuperados y suspender la validez de la «Serie B», argumentando que de no haberlo hecho se habría producido una «convulsión social» por el uso de dinero marcado por el siniestro. Sin embargo, esta medida ha disparado el pánico: miles de ciudadanos se han volcado a las calles y bancos para intentar cambiar sus billetes de la serie afectada. La institución ha remarcado que no validará billetes provenientes del avión siniestrado, lo que ha dejado a muchos ciudadanos en la incertidumbre sobre la legalidad de su efectivo.
Luego de esta decisión, el conflicto ha escalado a la arena política con rapidez. El vicepresidente Edmand Lara acusó públicamente al BCB de ocultar irregularidades y cuestionó la transparencia de la quema de los billetes. “Esa determinación sólo buscó eliminar cualquier rastro que permita esclarecer lo ocurrido”, cuestionó Lara. En el Legislativo, el Senado ha citado formalmente al presidente del ente emisor para que rinda cuentas sobre el manejo del siniestro, mientras que diputados de Alianza Unidad plantean validar los billetes en cuestión para evitar el perjuicio a la población. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando la cadena de custodia del dinero y el origen exacto de la quema de los valores, sin descartar que la investigación alcance a los niveles más altos de la administración de Rodrigo Paz.
