El Tribunal Constitucional (TC) inició el análisis de una demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de impedir que el Ministerio Público continúe las investigaciones abiertas contra Dina Boluarte mientras ejerza funciones como jefa de Estado. La argumentación del Ejecutivo se centra en la inmunidad presidencial y en que cualquier indagación penal debe postergarse hasta el fin del mandato. El pedido ha generado rechazo en diversos sectores, al ser percibido como un intento de blindaje frente a la justicia. Sin embargo, un magistrado del TC se pronunció públicamente a favor de la posición del gobierno, aduciendo que no es posible gobernar «con 18 investigaciones abiertas» en curso.