El miércoles 27 de noviembre, el presidente Nayib Bukele se declaró a favor de la actividad minera, prohibida en El Salvador desde 2017. Según el mandatario, se buscaría revertir la legislación vigente para instalar en el país una “explotación moderna y sustentable”.

“Somos el único país del mundo con una prohibición total de la minería, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!», afirmó Bukele a través de su cuenta de X. En el largo hilo ahí publicado, el mandatario aseguró que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado del mundo”; afirmó que tan solo en “el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131 mil 565 millones” lo que equivaldría “al 380% del PIB de El Salvador”.

El principal conflicto en torno a la minería es que requiere muy altos volúmenes de agua, un bien común que escasea en El Salvador. Por ello, el país se volvió el primero en prohibir la explotación minera luego de 12 años de luchas sociales. La iniciativa fue impulsada por una amplia coalición de sectores sociales y movimientos, desde comunidades afectadas por la falta de agua provocada por la minería, hasta la Iglesia católica. El centro del conflicto fue el norte del país, donde se formó una red de comunidades movilizadas contra la explotación minera, las cuales realizaron distintas propuestas legislativas. Un regreso de la actividad minera podría generar nuevas movilizaciones en contra de Bukele.

Desde marzo de 2022, bajo el régimen de excepción que permite los arrestos sin orden judicial, han sido encarcelados numerosos líderes sociales vinculados a esta lucha. Uno de los casos más controversiales es el de “Los 5 de Santa Marta”, presos desde hace casi dos años. Estos líderes ambientalistas están acusados de haber secuestrado y asesinado a una mujer en 1989 y de supuestamente haber colaborado con las fuerzas armadas del país durante el conflicto que azotó el país entre 1979 y 1992. Según la fiscalía, en esa época los acusados eran comandantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y activistas consideran que, en realidad, los detenidos son presos políticos por su lucha anti minera.

El pasado sábado 23 de noviembre, cientos de salvadoreños se movilizaron en el centro histórico capitalino para exigir la liberación de inocentes que se encuentran encarcelados por el régimen de excepción de Bukele. Organizaciones de derechos humanos, como Socorro Jurídico Humanitario, estiman que alrededor de 30 mil de los detenidos en este régimen son inocentes. Por otro lado, Amnistía Internacional estima que hay 327 casos de desapariciones forzadas, que se vive una situación de hacinamiento carcelario del 148% y que han ocurrido al menos 235 muertes bajo custodia estatal.

Lectura recomendada:

Yaneth Martínez et al., “De estado de guerra a régimen de excepción”, NACLA, 25 de junio de 2024.