Recientes filtraciones periodiscas dan cuenta que el presidente salvadoreño Nayib Bukele negoció con la administración de Donald Trump un descuento del 50 % en la tarifa por recibir migrantes deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a cambio de la deportación de nueve líderes clave de la pandilla MS-13 –bajo custodia estadounidense.
Según CNN, este pacto fue gestionado por Ibrajim Bukele, hermano del mandatario, y Michael Needham, jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El primer deportado relevante fue César Humberto López Larios, alias “Greñas de Stoner”, uno de los principales cabecillas de la MS-13.
Presentado como un acuerdo financiero que generaría hasta seis millones de dólares para sostener el costoso sistema carcelario salvadoreño, el trasfondo real parece ser político y judicial. Los nueve líderes de la MS-13, entre ellos “Crook”, “Lucky”, “Rojo” y “El Veterano”, son piezas clave en investigaciones que podrían comprometer a funcionarios del Gobierno de Bukele en presuntas negociaciones con pandillas. Algunos de estos cabecillas habían sido acusados en Nueva York por narcoterrorismo y podrían convertirse en testigos de cargo si permanecían bajo custodia estadounidense.
La prisión Cecot se ha convertido en símbolo central de esta estrategia. Con capacidad para 40 mil internos y construida en tiempo récord, esta verdadera mega cárcel ha sido presentada por Bukele como una supuesta solución radical contra las pandillas.
Aunque estas medidas han popularizado su figura en todo el continente, organizaciones de derechos humanos denuncian condiciones inhumanas, detenciones arbitrarias y falta de transparencia. Se estima que 85 mil personas han sido arrestadas desde que se decretó el estado de excepción en 2022, muchas de ellas sin vínculos reales con grupos criminales.
La administración Trump aprovechó este modelo para su propia agenda migratoria. Propuso enviar hasta 500 presuntos “pandilleros” venezolanos al Cecot, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones sin debido proceso. En marzo, 238 migrantes venezolanos ya habían sido enviados a esta prisión. Esto provocó críticas de jueces y abogados en EE. UU., preocupados por la falta de garantías legales y las condiciones severas del penal.
El Cecot ha sido comparado con una versión extrema de Guantánamo. No se permite el ingreso de observadores independientes, los presos están sometidos a aislamiento, vigilancia constante y condiciones degradantes. La falta de acceso a información ha permitido al gobierno salvadoreño controlar la narrativa pública, utilizando visitas guiadas de políticos republicanos y medios afines para fortalecer su imagen como un bastión contra el crimen.
Este control absoluto ha llevado a situaciones como la deportación errónea de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con protección federal que fue enviado al Cecot a pesar de no tener vínculos con pandillas. La administración Trump admitió el error, pero insistió en que sería deportado nuevamente si regresara a Estados Unidos. Casos como este ilustran el uso político del Cecot como herramienta de control y disuasión, tanto dentro como fuera de El Salvador.
Mientras tanto, a raíz del escándalo abierto, líderes del Barrio 18 Revolucionarios han confirmado a El Faro que las pandillas forjaron acuerdos tanto con el FMLN como con el entorno de Nayib Bukele para impulsar su carrera política. Según estas confesiones, el pacto original, negociado durante la campaña presidencial de Salvador Sánchez Cerén, ofrecía incentivos económicos a cambio de respaldo electoral para el candidato del FMLN. Un año después, la misma dinámica se reprodujo con Bukele, cuando competía por la alcaldía de San Salvador, garantizando apoyo masivo en barrios controlados por la pandilla.
Para el consejo editorial de El Faro y su editor jefe Óscar Martínez, estas revelaciones “confirman lo que ya sabíamos”: el ascenso de Bukele al poder absoluto no puede entenderse sin su vínculo con las pandillas. En enero de 2025, periodistas de El Faro entrevistaron a dos cabecillas que, incluso encapuchados y bajo custodia, recibían instrucciones en el penal de máxima seguridad y lograron huir del país con la complicidad del gobierno. Por primera vez, cuentan en video los detalles de estos pactos, dejando claro el papel instrumental que desempeñaron para consolidar la base política de Bukele.
Recomendación: “Las confesiones de Charli: entrevista con un líder pandillero que pactó con el Gobierno de Bukele” en El Faro
