Los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) firmaron el jueves 22 de octubre un acuerdo para autorizar la apertura total, inmediata y simultánea de sus sigilos bancario, fiscal y telefónico, así como de los de sus familiares y empresas vinculadas. El entendimiento se formalizó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) a tres días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 25 de octubre, tras el desafío lanzado por Lula durante el debate del domingo 18 de octubre. Las campañas solicitaron que el ministro André Mendonça, vicepresidente del TSE y relator del expediente, requiriera los datos al Banco Central de Brasil, a las instituciones financieras, a la Receita Federal y a las operadoras de telefonía, para publicarlos simultáneamente en una plataforma de acceso público.

El documento conjunto establecía que las autorizaciones debían presentarse hasta las 23:59 del jueves 22 de octubre. En el caso de Flávio Bolsonaro, el alcance incluía las cuentas en Brasil y en el exterior, las empresas en las que figura como socio o administrador, los mensajes intercambiados con Daniel Vorcaro y la compañía offshore Alcázar Holdings, sociedad radicada en la isla portuguesa de Madeira y administrada por el abogado Willer Tomaz. La campaña de Lula sostuvo que ese punto era indispensable, mientras que el equipo del candidato del PL afirmó que cumpliría el acuerdo y presentaría las autorizaciones dentro del plazo.

Sin embargo, el mismo jueves 22 de octubre, Mendonça resolvió que la Justicia Electoral no debía definir qué información debía divulgar cada candidato ni mediar en el cumplimiento de un acuerdo político. En su decisión, el ministro sostuvo que los datos bancarios, fiscales y telefónicos pertenecen a sus titulares, quienes pueden renunciar voluntariamente al sigilo y publicarlos por sus propios medios. Añadió que evaluar esa decisión corresponde al electorado. La resolución no ordenó levantar de forma obligatoria el secreto bancario ni autorizó la entrega de extractos bancarios, declaraciones de impuestos o registros de llamadas.

La controversia continuó el viernes 23 de octubre. Ambas campañas presentaron nuevas manifestaciones ante el TSE, pero, según informó O Globo, los datos seguían sin divulgarse públicamente. Las autorizaciones presentadas por el entorno de Flávio Bolsonaro condicionaban la apertura a una decisión del TSE, criterio que Mendonça ya había descartado. La campaña de Lula, por su parte, reiteró que la intervención judicial era necesaria para asegurar la publicación simultánea, íntegra y verificable de la información, sin cortes ni tachaduras. La defensa de Flávio Bolsonaro afirmó que había cumplido el acuerdo mediante la entrega de las autorizaciones y amplió el reclamo al pedir la divulgación de los datos de la tarjeta de crédito corporativa presidencial y de las listas de visitantes del Palacio del Planalto. Hasta el cierre de esta edición, no había confirmación de que los registros financieros, fiscales o telefónicos se hubieran publicado de manera conjunta.