El despacho del primer ministro presentó un paquete de “comunidades más seguras” con dos carriles: reformas penales y refuerzo operativo. Según la comunicación oficial, el gobierno prevé endurecer el Código Penal con medidas como bail con inversión de la carga para delitos graves, posibilidad de penas consecutivas, límites a las condenas condicionales en ciertos delitos sexuales y sanciones específicas al robo minorista organizado. En paralelo, el gobierno invertirá mil 800 millones de dólares canadienses (mil 300 millones de dólares americanos) en cuatro años para contratar mil efectivos de la Policía Montada de Canadá (RCMP), subir la asignación de cadetes y crear 150 puestos especializados en delitos financieros (fraude, lavado, explotación infantil en línea y crimen organizado).
Este paquete quedará atado al trámite parlamentario de las enmiendas al Código Penal y a acuerdos de implementación con los fiscos provinciales ya que la justicia es competencia compartida: Ottawa legisla y las provincias administran la mayor parte de audiencias de fianza y medidas de cumplimiento. La RCMP, por su parte, reforzará capacidades de policía federal en todas las jurisdicciones, con foco en redes transnacionales y delitos económicos.
Aunque menos dura que lo exigido por los premiers (gobernadores) y por el opositor Pierre Poilievre, la medida es un “Trudeau-plus” pensado para enviar señal de mayor firmeza y despegarse del legado de Trudeau, pese a las críticas de juristas que dudan del impacto real en un sistema ya saturado. Sin embargo, los Conservadores rechazaron la propuesta y exigieron aprobar su Jail Not Bail Act (C-242), propuesta en septiembre de este año, insistiendo en que los liberales han sido “blandos con el crimen”.
A su vez, a principios de este mes comenzó su recorrido parlamentario el nuevo proyecto de ley de seguridad fronteriza, Bill C-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act), ingresado en primera lectura el 8 de octubre de 2025. La iniciativa moderniza facultades para Canada Border Service Agency (CBSA), RCMP, Guardia Costera y Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canada (IRCC): acceso a cargas de exportación en depósitos y terminales, obligación de que operadores provean instalaciones para inspección y detención de mercancías, incorporación de patrullajes y funciones de inteligencia para la Guardia Costera, y mejor intercambio de datos con agencias domésticas e internacionales. También ajusta el sistema de asilo (elegibilidad, procesamiento y archivo de casos inactivos) y endurece el combate al fentanilo y al lavado de activos, incluyendo un fuerte aumento de multas administrativas.
El nuevo Plan Fronterizo agregaría mil 300 millones de dólares canadienses (930 millones de dólares americanos) a inteligencia contra crimen organizado transnacional y fentanilo, y recursos para estabilizar el sistema de asilo; además, prevé más de mil nuevas contrataciones en CBSA (oficiales, analistas, químicos) y equipos caninos. El gobierno encuadra el proyecto en un esfuerzo binacional con EE. UU. (intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas), pero remarca que la privacidad y la Carta de Derechos acotan el uso de información.
