Chile enfrenta una caída demográfica marcada por una abrupta disminución de la fecundidad y un acelerado envejecimiento de su población. Según los datos del Censo 2024, sólo el 56,6% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene hijos, con un promedio de 1,97 por madre, cifras históricamente bajas que reflejan el fin del llamado «bono demográfico», es decir, el período en que la población en edad de trabajar es proporcionalmente mayor que la dependiente. Actualmente, el 14% de los habitantes son mayores de 65 años, y los expertos advierten que el envejecimiento poblacional tendrá profundas consecuencias en el mercado laboral, el crecimiento económico y las finanzas públicas, especialmente en el financiamiento de pensiones y salud.

La inmigración ha contribuido parcialmente a mitigar el envejecimiento, ya que los migrantes en Chile son, en promedio, cinco años más jóvenes que los nacidos en el país y representan el 8,8% de la población. Sin embargo, los especialistas advierten que este efecto rejuvenecedor es limitado, ya que los migrantes suelen pertenecer a los grupos más vulnerables y requieren políticas públicas que faciliten su integración y acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Además, el aumento de la población mayor plantea desafíos normativos y sociales, como la necesidad de fortalecer la protección social y adaptar el sistema de cuidados.

Frente a este escenario, los expertos y organismos internacionales insisten en la urgencia de implementar políticas integrales y diversas que aborden la baja natalidad, promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y mejoren la integración de los migrantes. Al mismo tiempo, se requiere una profunda adaptación institucional para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la atención sanitaria, así como para fomentar la autonomía y la participación activa de las personas mayores en la sociedad chilena.