Convocados por el gobierno de Chile, el 28 de mayo los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros encargados de la Seguridad de cinco países de América del Sur firmaron el “Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
A partir de este compromiso, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador decidieron conformar “un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables”.
Entre los fundamentos de esta decisión, la declaración difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señala que “la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad de nuestras sociedades, (…) erosionando la calidad de la democracia”.
Además de una apuesta por el trabajo conjunto en un tema cercano a los perfiles discursivos de los cinco gobiernos, el encuentro también sirvió para la aparición del presidente de Chile, José Antonio Kast, con una impronta activa en torno a la seguridad. Esto también tiene relevancia política interna, luego de un cambio de gabinete en el área y de la circulación de encuestas que advierten sobre la pérdida de popularidad de su gobierno y en particular, del rápido deterioro de las expectativas de la población en las políticas de seguridad del gobierno.
De acuerdo a la encuesta de Agenda Criteria presentada el 24 de mayo, “las expectativas sobre delincuencia y seguridad muestran un deterioro sostenido: quienes creen que la situación empeorará aumentan de 19% en marzo a 41% en mayo, mientras que las expectativas de mejora caen de 52% a 28%”.
