El gobierno nacional anunció la cancelación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional, una decisión que las autoridades explicaron por la “liquidez internacional” sostenida en las reservas (reportadas en torno a 65 mil 500 millones de dólares) y por la rentabilidad acumulada del portafolio, y que según el Banco de la República no altera el cronograma del pago pendiente ligado al desembolso de diciembre de 2020, cuyo único pago restante seguiría programado para diciembre de 2025. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión en redes sociales, afirmando que “hemos cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI” y que, según su gobierno, alrededor de cinco mil millones  de dólares se pagaron en los tres años siguientes a ese acuerdo, el Ejecutivo además afirmó haber saldado totalmente la deuda asociada y señaló el fin del “sobreendeudamiento” vinculado a subsidios anteriores. La decisión abrió críticas de sectores de la oposición que interpretan la salida como un gesto político con posibles costos reputacionales y de confianza en los mercados, han llegado a plantear inquietudes sobre la voluntad de pago futuro de la deuda externa, una acusación que instala incertidumbre y alimenta el debate público sobre sostenibilidad fiscal y prioridades económicas. En términos prácticos, la cancelación reduce la dependencia formal de una línea contingente del FMI y subraya la apuesta del gobierno por reservas y cobertura propia.