En las últimas semanas la situación política y legal del presidente José Jerí se ha visto fuertemente comprometida por mantener reuniones clandestinas con empresarios chicos y citas nocturnas en el Palacio de Gobierno con personas que luego obtuvieron contratos con el Estado. De hecho, recientemente se ha denunciado que un total de seis personas que ingresaron a la sede del Ejecutivo y pernoctaron allí, obtuvieron posteriormente vinculación directa en el despacho presidencial. A este escándalo se suma la información de que Zhihua Yang, empresario chino que mantenía reuniones con el presidente, logró facturar más de 20 millones de soles en obras de construcción (cerca de 6 millones de dólares) durante el actual periodo, lo que refuerza las sospechas de un esquema sistemático de tráfico de influencias y favorecimiento a empresas extranjeras.
En este marco, la oposición legislativa ha logrado consolidar un bloque mayoritario para intentar forzar la salida del presidente. Finalmente se alcanzaron 80 firmas, más de las necesarias, para convocar a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso con el fin de debatir la moción de censura. El respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú, lideradas por César Acuña y José Luna respectivamente, ha sido el factor determinante para viabilizar este procedimiento.
En paralelo, el gobierno de José Jerí enfrenta un rechazo social creciente. Según los datos publicados por la encuestadora Imasen, la desaprobación del mandatario escaló al 70.4% en tan solo dos meses. Este incremento acelerado en la percepción negativa de la población coincide con el avance de las investigaciones sobre el caso «Chifagate» y la percepción de falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Al cierre de este reporte, el Congreso se encuentra a punto de iniciar el debate que podría retirar definitivamente a José Jerí de la presidencia. Ante la probabilidad de que la censura prospere, ya han empezado a circular nombres de posibles reemplazos en el Legislativo para asumir el mando y gestionar la transición. La incertidumbre se centra ahora en el resultado de la votación en el pleno, que marcaría el fin de una corta gestión caracterizada por la continuidad de la crisis de seguridad y el descontento ciudadano.
