El gobierno de Ecuador adjudicó un contrato de 20 años para la explotación del Campo Sacha, el campo petrolero más productivo del país, al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolía Ecuador S.A., con nexos en China y Canadá. Este campo, ubicado en la provincia de Orellana, produjo 77 mil barriles por día en 2024, representando el 20% de la producción estatal y el 16% de la producción total del país.

Las sospechas de corrupción presidencial no se hicieron esperar. Se ha hecho público que las empresas Amodaimi y El Ordeño tienen el mismo número de contacto, incluso declarado ante el Estado. Entre las accionistas del Grupo El Ordeño aparece la empresa Agrícola San Esteban, propiedad del Grupo Noboa, de la familia del presidente Daniel Noboa.

Así pues, la concesión ha generado críticas y oposición. La Asamblea Nacional expresó su rechazo a lo que calificó como una “entrega arbitraria” del Campo Sacha, argumentando que el gobierno aprovechó el feriado de Carnaval para realizar la adjudicación. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, respondió que aún no ha firmado el contrato y que la adjudicación no implica privatización, sino una delegación a un operador más eficiente.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha exigido la suspensión del contrato y ha convocado a la sociedad civil a movilizarse en defensa del Campo Sacha. Iza solicita investigar posibles actos de corrupción y la destitución de los ministros involucrados. Además, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representado por José Villavicencio, ha anunciado plantones y movilizaciones a nivel nacional en rechazo a la concesión, calificándola como un “carnavalazo” por parte del gobierno.