El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 18 de diciembre la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), implicados en el examen preliminar del caso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, quien consideró que no se cumplían los requisitos legales para conceder prisión domiciliaria, solicitud que había presentado la Fiscalía, y determinó que la prisión preventiva era una medida “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar el avance de la investigación y reducir riesgos procesales, entre ellos la posible rearticulación de estructuras de corrupción.

Según la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y Velasco habrían liderado un entramado de direccionamiento contractual que comprometió grandes sumas de dinero público, tanto en la UNGRD como en el Instituto Nacional de Vías (Invías), con la supuesta finalidad de asegurar apoyos políticos a proyectos legislativos del gobierno de Gustavo Petro. En la acusación se mencionan delitos como concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, imputaciones que ambos exfuncionarios han negado y frente a las cuales han manifestado su intención de demostrar su inocencia durante el proceso judicial.

La resolución ha generado varias reacciones. Diferentes sectores y partidos políticos expresaron posiciones diversas tras la orden de cárcel, resaltando tanto la importancia de actuar contra posibles redes de corrupción como la defensa de la presunción de inocencia hasta que un fallo de fondo se profiera en una etapa judicial más avanzada. Algunos representantes han planteado cuestionamientos sobre el impacto político de la decisión y sus posibles efectos en el clima electoral de 2026, mientras que otros sectores respaldan las medidas judiciales como un acto de aplicación rigurosa de la ley.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso, afirmando que no le corresponde calificar si los exministros “son o no corruptos”, ya que esa labor corresponde a jueces y fiscales, y describió a Bonilla como “ingenuo” al advertir sobre riesgos de extorsión, en declaraciones públicas que buscan distinguir entre responsabilidades políticas y judiciales. Al mismo tiempo, Petro cuestionó la vinculación de funcionarios con presuntas mafias, defendiendo la separación de funciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

En paralelo, análisis jurídicos han señalado que, de avanzar la investigación y llegar a condenas, los exministros enfrentarían penas de prisión que podrían variar de acuerdo con la tipificación de los delitos imputados, aunque cualquier determinación final dependerá de un proceso judicial completo con derecho a defensa.