En 2019, el gobierno canadiense implementó un impuesto sobre el carbono para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las tensiones en torno a este impuesto y sus efectos continúan, especialmente por el alza de precios de combustibles.
Provincias como Ontario piden exenciones en el costo de la calefacción, un tema que polariza a políticos y ciudadanos. El primer ministro Trudeau defendió la medida, acompañada del Canada Carbon Rebate (CCR), un sistema de reembolso a la ciudadanía que busca compensar los altos costos energéticos en las regiones más afectadas. Sus críticos consideran que se trata de una decisión con motivaciones políticas y acusan al gobierno de aplicar estándares desiguales en la política de carbono. Los líderes opositores sugieren que el impuesto debería ajustarse para diferentes combustibles en todas las provincias o eliminarse por completo para la calefacción residencial, dada la disparidad de costos entre regiones. El líder conservador Pierre Poilievre ha intensificado sus llamados a eliminar el impuesto, argumentando que afecta negativamente la economía y el costo de vida de los canadienses.
Por otro lado, el Ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, ha sostenido que el sistema es esencial para la política climática del país, pues ha sido efectivo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También aseguró que beneficia financieramente a la mayoría de los hogares canadienses, permitiendo a ocho de cada diez familias recibir más en reembolsos, a través del CCR, de lo que pagan por combustible.
