Este lunes 22 de septiembre la Asamblea Legislativa de Costa Rica discutió si retiraba la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tras una acusación de la Fiscalía General por presunta corrupción vinculada al manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La Fiscalía imputa a Chaves el delito de concusión, que consiste en el abuso de funciones para beneficiar a un tercero y que conlleva penas de dos a ocho años de prisión. Según el expediente, la empresa RMC La Productora S.A. recibió 405 mil dólares del BCIE para prestar servicios de comunicación al Ejecutivo, y 32 mil dólares habrían sido transferidos directamente a Federico “Choreco” Cruz, ex asesor presidencial y colaborador de campaña, mediante procedimientos considerados irregulares.

El caso fue analizado previamente por una comisión especial de la Asamblea, integrada por dos diputadas de oposición y un legislador oficialista. En la votación del lunes, 34 diputados apoyaron el retiro de la inmunidad y 21 se opusieron. Sin embargo, el retiro de la inmunidad necesitaba de 38 votos favorables, para aprobar la medida. Como resultado, el presidente Chaves mantendrá su inmunidad hasta el final de su mandato, previsto para el 8 de mayo de 2026, y podrá enfrentar la justicia únicamente como ciudadano después de concluir su período.

Durante el debate, Chaves calificó el procedimiento en su contra como un “montaje” y un “intento de golpe de Estado judicial”. Además, la situación recibió repercusión internacional, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su apoyo a la continuidad de los proyectos del gobierno de Chaves, mensaje que fue retomado por la candidata oficialista Laura Fernández en el marco de la campaña electoral. Con esta decisión, la Asamblea Legislativa resolvió mantener la inmunidad presidencial, dejando pendiente la posibilidad de que el presidente sea juzgado una vez finalizado su mandato. El caso continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades judiciales y los legisladores.