El presidente Gustavo Petro, tras el intento de asesinato contra el precandidato conservador Miguel Uribe Turbay el pasado 8 de junio, mantuvo su agenda política con movilizaciones en respaldo a la reforma laboral y la consulta popular. Petro viajó a Cali el 11 de junio, pese a múltiples atentados con explosivos en la ciudad que dejaron varios muertos, para participar en una concentración donde defendió el decreto que convoca a la consulta popular, e instó a “reelegir el proyecto del cambio” sin aspirar a un cargo personal.

El Gobierno notificó oficialmente a la Registraduría y a la Corte Constitucional el decreto para proceder con la convocatoria electoral. El artículo establece que las urnas se abrirán el 7 de agosto, pero quedan condicionadas a que el Congreso apruebe previamente la reforma laboral con las mismas preguntas de la consulta.

La medida ha suscitado señalamientos de ilegalidad y ataques institucionales por parte de la oposición, que considera el decreto un intento de evadir el Congreso y un “autogolpe” del Ejecutivo. En respuesta, sectores críticos, incluidos ocho partidos de oposición e independientes, anunciaron demandas ante el Consejo de Estado, por su parte el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que buscará tumbarlo.

En paralelo, Petro dejó abierta la puerta para convocar, en caso de que la consulta sea anulada por la Corte Constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente mediante recolección de ocho millones de firmas. El mandatario recalcó que no buscaría la reelección personal mediante ese mecanismo. Subrayó que la Constituyente sería una vía del “poder constituido por el pueblo”, no un medio para perpetuarse en el cargo.

A este panorama, se ha sumado un mensaje del Cardenal Rubén Salazar, quien instó a los líderes políticos, incluido Petro, a dejar de lado el ego y trabajar por el bien común de la nación. El Cardenal pidió un enfoque más espiritual en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, alentando al Presidente y a la dirigencia política a poner los intereses del país por encima de las disputas.