El 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera aceptó una acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, dejando sin efecto la suspensión de su cargo por 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo. No obstante, el 10 de enero de 2025, Abad informó sobre una denuncia en su contra por “usurpación y retención ilegal del mando”. Esta acción legal se suma a una serie de conflictos entre Abad y Noboa, evidenciando las fricciones en la cúpula del poder ecuatoriano.

A pesar de que la sentencia reinstaló a Abad en sus funciones, se le impidió el acceso a su despacho en la Vicepresidencia: el edificio fue resguardado por militares y policías que bloquearon su entrada. Esta acción fue interpretada como un desacato a la decisión judicial y profundizó la crisis política entre el presidente y la vicepresidenta.