Luego de que René Yahuasi, candidato a gobernador de La Paz por Nueva Generación Patriótica (NGP), apelara la decisión de suspender la segunda vuelta electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha mantenido una postura inflexible. La institución ratificó la suspensión de la segunda vuelta argumentando que la ley no permite obligar a una organización a participar si esta desiste formalmente. Sin embargo, adicionalmente, el TSE inició el trámite para cancelar la personería jurídica de NGP, bajo el argumento de que la falta de participación en dos elecciones (o la interrupción de la misma) conlleva la pérdida de su registro legal. Curiosamente, el propio presidente del TSE, Gustavo Ávila, admitió que la actual Ley Electoral tiene matices «antidemocráticos».
La respuesta de los sectores sociales no se hizo esperar. La Central Obrera Boliviana (COB) fustigó al TSE tildándolo de «verdugo de la democracia» y exigió la restitución del balotaje. A esta presión se sumaron los choferes de El Alto y seguidores de Yahuasi, quienes protagonizaron marchas masivas en La Paz. Desde el ámbito político, el ex presidente Evo Morales elevó la apuesta acusando al TSE de cometer delitos electorales.
Ante la reacción de Morales, la dirigencia de NGP justificó su declinatoria al balotaje calificando a su propio candidato como «caballo de Troya» del evismo. Por su parte el Gobierno central anunció que no se inmiscuiría en las disputas internas de NGP ni en la autonomía del TSE. No obstante, esta decisión pavimentó el camino para la proclamación de Luis Revilla, aliado del presidente Rodrigo Paz, como ganador.
Mientras el conflicto escala, Revilla ha dado por cerrada la etapa electoral, asegurando que el balotaje «no corre» y apuntando a los «taxi-partidos» como los responsables de la crisis política en La Paz. A pesar de las protestas, la Gobernación ya prepara la transición. René Yahuasi, por su parte, ha presentado un amparo ante la justicia constitucional para restablecer su candidatura. Y con miras a internacionalizar el conflicto, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, presentó una medida cautelar en favor de Yahuasi ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se respete su derecho político de ir a una segunda vuelta.
