la Cámara de Diputados aprobó con 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno dentro del marco del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Tras casi 12 horas de debate que se extendió hasta la madrugada, el oficialismo logró el quórum y el dictamen gracias al apoyo de bloques aliados y gobernadores de provincias con fuerte actividad minera, como San Juan, Catamarca y Mendoza. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañó presencialmente el final del debate desde uno de los balcones del Congreso.

Los defensores de la reforma sostienen que la nueva norma aclara las ambigüedades de la ley vigente, potencia el federalismo ambiental y permite a cada provincia regular la explotación minera en zonas glaciares y periglaciares, siempre bajo criterios técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Diputados de Producción y Trabajo, como Carlos Quiroga y Nancy Picón Martínez, subrayaron que San Juan cuenta con inventarios actualizados y capacidades para gestionar el recurso hídrico y sostuvieron que la ley no afloja la protección de los glaciares, sino que la precisa y articula con el desarrollo económico.

La oposición, en cambio, denunció que la reforma “entrega” el patrimonio hídrico del país y abre la puerta a la minería en zonas críticas. Voces de Unión por la Patria, como Pablo Todero, Caren Tepp y Diego Giuliano, alertaron sobre la posibilidad de contaminar fuentes de agua y de modificar usos hoy protegidos, mientras que Juan Grabois y Gabriela Estévez calificaron la norma de “envenenada” y “una entrega del futuro por un presente mal administrado”. Miguel Ángel Pichetto, quien votó la ley original en 2010, reiteró su rechazo y criticó que se desnaturalice el rol técnico del IANIGLA.

La provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos contra la reforma de la Ley de Glaciares, advirtiendo que lesiona derechos ambientales y de acceso al agua consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como Escazú. El gobierno de Sergio Ziliotto considera que la ley, aunque no afecta glaciares en territorio pampeano, impactará directamente sobre los ríos de origen glaciar que llegan a la provincia, como el Colorado y el Atuel, y pide una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país hasta que se resuelva su constitucionalidad.